La Revolución Francesa y el Imperio napoleónico

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La Revolución Francesa (1789—1799) es uno de los más grandes y decisivos acontecimientos de la Historia e inicio de la época Contemporánea. Tiene una importancia fundamental, ya que al sustituir el antiguo orden —Antiguo Régimen— por un orden nuevo liberal abrió paso al mundo moderno.

Los historiadores no han dejado de debatir sobre sus orígenes, duración, etapas, protagonistas, consecuencias y significado. El debate se ha reavivado y enriquecido con ocasión del bicentenario de la Revolución de 1789.

La Revolución Francesa ha sido considerada tradicionalmente como el modelo de revolución burguesa, en la que la burguesía desplazaba a la aristocracia del poder. Godechot y Palmer defienden que es la más importante de las llamadas revoluciones atlánticas, que transcurrieron entre 1770 y 1779 en Europa y América. Para la historiografía marxista —Lefebvre, Soboul— fue una lucha de clases, siendo la dictadura jacobina el punto culminante de la revolución. Furet sostiene que no puede hablarse de enfrentamiento de clases ya que no había una, sino varias burguesías en la Francia de 1789, con intereses opuestos respecto al papel de la monarquía. Mantiene que no hubo una sino tres revoluciones.

Se han reabierto los debates acerca del origen y alcance del Terror. También hoy interesan más las experiencias individuales de la gente corriente y se ha profundizado en los estudios sobre la revolución en el entorno rural.

Las causas de la revolución

Las causas son complejas y variadas, ya que intervinieron factores políticos, económicos, sociales e ideológicos. Francia, en la que desde 1774 gobernaba de forma absoluta y por derecho divino Luis XVI, se hallaba sumida en una profunda crisis en la década de 1780.

La sociedad francesa prerrevolucionaria era estamental. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados; apenas suponían el 1% de la población, pero detentaban el poder político y social y estaban apegados a sus derechos señoriales y exentos del pago de impuestos. El Tercer Estado aglutinaba a la mayoría de la población (el 99%). Dentro de él, había grandes diferencias de estatus y riqueza. La burguesía, enriquecida por el desarrollo del capitalismo en la industria y en el comercio, trataba de comprar cargos y títulos nobiliarios pues les aportaban riqueza. Aunque no tuviera aún conciencia de clase, la burguesía rechazaba la sociedad tradicional, los privilegios y el absolutismo y aspiraba a intervenir en el gobierno de la nación, alentada por las ideas ilustradas y el ejemplo de la Guerra de la Independencia americana.

Era una sociedad esencialmente rural. Los campesinos suponían el 80% de la población y estaban agobiados por los excesivos impuestos que pagaban al rey —la talla, la gabela— los derechos feudales al señor —rentas y las odiosas corveas— y el diezmo a la Iglesia. Las crisis económicas eran constantes desde 1763, motivadas por las continuas y largas guerras y la mala administración, pero la crisis de 1788 agravó la situación: las malas cosechas trajeron escasez de alimentos y hambre, así como el descenso generalizado de los precios agrícolas que la nobleza terrateniente intentó compensar aumentando los tributos, lo que generó disturbios y protestas de los campesinos. Los artesanos y obreros de las ciudades se habían empobrecido también a causa de la crisis económica, que trajo consigo hambre, paro y frecuentes motines de subsistencia.

El descontento era general. A ello hay que sumar las críticas que los pensadores de la Ilustración —Montesquieu, Voltaire, Rousseau y los enciclopedistas— hacían al absolutismo real y al gobierno que se mostraba incapaz para hacer frente a los problemas de Estado. También criticaban a la Iglesia.

Pero la causa fundamental para el estallido de la Revolución fue la crisis financiera. Desde 1783 las finanzas se hallaban en una situación crítica debido a los enormes gastos de la Corte, los costes de la guerra de los Siete Años y al pago de los intereses de la enorme deuda por los préstamos a los colonos durante la guerra de la Independencia de Estados Unidos (1775—1783).

La monarquía francesa se vio obligada a tratar de reducir la inmunidad de la nobleza en lo relativo a los impuestos para sanear la Hacienda y hacer frente a la crisis. Pero la hostilidad de la nobleza y el clero ante la reforma fiscal y social hizo fracasar los sucesivos intentos de los ministros reales (Turgot, Necker, Calonne y Brienne) para eliminar los privilegios fiscales y racionalizar el sistema de tributos. Luis XVI se mostró indeciso e incapaz ante la situación.

La Revuelta de los Privilegiados (1787—1789)

La Revolución Francesa se inició con una Revuelta de los privilegiados. Calonne había tratado de convencer a una Asamblea de Notables reunidos en Versalles en febrero de 1787, de que aceptasen un impuesto territorial universal, la reducción de la talla y la gabela y la abolición de las aduanas interiores, pero rechazaron estas medidas. Su sucesor, Brienne, lo intentó de nuevo pero los notables respondieron que solamente una asamblea de representantes de los tres órdenes podría aprobar tal reforma y reclamaron una reunión de los Estados Generales, un cuerpo consultivo que reunía a los representantes de los tres estamentos y se había reunido por última vez en 1614. Brienne se dirigió al Parlamento de París, el más importante y controlado por la nobleza, que rechazó también el subsidio territorial y pidió la reunión de los Estados Generales. El gobierno quiso suprimir los Parlamentos, pero se resistieron. En julio de 1788 Luis XVI decidió convocar los Estados Generales para mayo de 1789. Brienne fue reemplazado por Necker.

Los electores de los diversos estamentos se apresuraron a designar a sus diputados. Los del Tercer Estado prefirieron elegir como representantes a los burgueses. Se comenzaron a redactar unos Cuadernos de Quejas (cahiers de doléances) en los que los franceses expresaban sus reivindicaciones. Todos coincidían en manifestar su lealtad al rey. Los del clero y la nobleza se mostraban defensores de los privilegios. Los del Tercer Estado expresaban, más que la opinión de los campesinos y artesanos, la opinión de la burguesía que solicitaba un cambio politico. Los campesinos se quejaban de las cargas materiales y los tributos señoriales que soportaban. Son una fuente incomparable para los historiadores.

Gracias a la suspensión de la censura en la prensa, se distribuyeron numerosos panfletos, el más difundido fue el del abate Sieyès titulado ¿Qué es el Tercer Estado? que afirmaba que el estado llano era la nación. También hubo debates y discusiones sobre si los tres órdenes debían reunirse por separado, como deseaban los estamentos privilegiados, o en una cámara común, como quería el Tercer Estado.

Luis XVI vacilaba. Al final aceptó duplicar el número de representantes del tercer estado, pero no se pronunció sobre la forma de efectuar las votaciones.

Etapa moderada y de monarquía constitucional (1789—1792)

La reunión de los Estados Generales

El 5 de mayo de 1789 se reunieron en Versalles los Estados Generales, compuestos por 270 diputados de la nobleza, 291 del clero y 578 del Tercer Estado. Los diputados del Tercer Estado reclamaron el voto por cabeza e invitaron a los otros estamentos a que se les unieran. Sólo lo hicieron algunos miembros del bajo clero.

El 17 de junio, a propuesta de Sieyès, los diputados decidieron constituirse en Asamblea Nacional. La mayor parte del clero y 80 nobles se unieron al Tercer Estado. Luis XVI ordena cerrar la sala de reuniones y los diputados indignados se reunirán entonces en la Sala del Juego de Pelota. Dirigidos por Mirabeau juraron no separarse hasta que hubiesen elaborado una Constitución a Francia. Era una auténtica revolución jurídica, que significaba el triunfo del principio de soberanía nacional y el fin de la monarquía absoluta.

La Asamblea Nacional Constituyente (1789— 1791)

El 9 de julio, la nueva Asamblea se transformó en constituyente al decidir preparar una Constitución. Luis XVI, mal aconsejado por la reina Maria Antonieta y otros miembros de su Corte, no quiso aceptar esta revolución pacífica. Destituyó a Necker y concentró tropas cerca de París, que se sublevó, iniciando la revolución violenta.

Los parisinos, en busca de armas, asaltaron el 14 de julio la Bastilla, una fortaleza y prisión, que era símbolo del absolutismo. Se formó un Ayuntamiento revolucionario y una Guardia Nacional, dirigida por La Fayette. Surgió la escarapela tricolor (azul, blanca y roja) que pasó a ser la bandera nacional. El rey cedió a retirar las tropas y volvió a llamar a Necker. Acudió a París en medio del entusiasmo popular aceptando el nuevo poder municipal. Otras ciudades siguieron el ejemplo de París.

Mientras tanto tuvo lugar la revolución campesina. El miedo se extendió ante los rumores de una conspiración de aristócratas y se desencadenó la Grande Peur —el Gran Miedo—, que provocó desórdenes y disturbios por todo el país con el asalto de los campesinos a los castillos, la quema de archivos y la muerte de nobles.

La Asamblea Nacional, inquieta ante estos hechos, decidió la noche del 4 de agosto decretar la abolición del régimen feudal, aunque se otorgaban compensaciones a la nobleza propietaria, y se suprimió el diezmo. En otras leyes se prohibía la venta de cargos públicos y la exención tributaria de los estamentos privilegiados.

Posteriormente, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un documento fundamental cuyos principales inspiradores fueron Mirabeau y Sieyés. Este breve texto —constaba de un preámbulo y diecisiete artículos— proclamaba que los hombres son libres e iguales y que tienen todos los mismos derechos «naturales e imprescriptibles»: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; afirmaba la idea de que el poder está en la Nación — Soberanía Nacional— y que la ley es la expresión de la voluntad popular; defendía la separación de poderes; proclamaba las libertades de opinión y expresión; establecía la igualdad judicial y la igualdad fiscal. Este texto constituye el primer documento del liberalismo político. La Asamblea formuló también los tres principios de la Revolución: «Liberté, Égalité, Fraternité»(«Libertad, Igualdad, Fraternidad»).

Luis XVI se negó a sancionar la Declaración y los decretos aprobados el 4 de agosto. Estalló una nueva revuelta popular atizada por la escasez de alimentos y la carestía. El 5 de octubre, una manifestación de mujeres fue a Versalles y obligó al rey a sancionar estos decretos y a trasladarse a París con su familia.

La Asamblea Nacional habia heredado el problema financiero de la monarquia y para solucionarlo procedió a nacionalizar los bienes de la Iglesia; a cambio el Estado se comprometía a sostener el culto y el clero. Estos bienes sirvieron para respaldar la emisión de papel moneda, los asignados, que pronto empezaron a depreciarse. Las tierras nacionalizadas fueron subastadas en grandes lotes. La Asamblea quería facilitar a los campesinos el acceso a la propiedad de estas tierras, pero como no tenían dinero, fueron los campesinos adinerados, la burguesía y la nobleza los que se beneficiaron de la venta de los bienes nacionales.

La Asamblea también emprendió la reforma de la Iglesia. En febrero de 1790 suprimió las órdenes religiosas excepto las dedicadas a enseñanza y hospitales. El 12 de julio aprobó la Constitución civil del clero, que permitía la separación de Iglesia y Estado. Los obispos y los curas serían elegidos como los demás funcionarios. Se exigió al clero el juramento de fidelidad al rey, a la nación y a la Constitución. Esto provocó la división de los clérigos, entre juramentados y refractarios, y una profunda fractura en la sociedad.

En junio de 1791 la familia real huyó de París para reunirse con el ejército absolutista en Austria pero fueron arrestados en Varennes y devueltos a París. Su doblez y traición desprestigió a la monarquía.

La Asamblea aprobó la Constitución de 1791 que definía una Monarquía Constitucional como sistema político y consagraba el principio de la soberanía nacional. Establecía la división de poderes: el rey tenía el poder ejecutivo, nombraba y destituía a sus ministros, se le reconocía derecho al veto suspensivo durante cuatro años para la aplicación de un decreto votado por la Asamblea, El poder legislativo residía en una cámara única —la Asamblea Legislativa— elegida cada dos años por ciudadanos mayores de 25 años que pagasen un impuesto directo equivalente como mínimo a tres días de jornal (ciudadanos activos). Era el llamado sufragio censitario. Los ciudadanos pasivos y las mujeres fueron excluidos. El poder judicial residía en los jueces, siendo el Tribunal Supremo la institución más alta.

La obra legislativa de la Asamblea Constituyente se completó con una reforma administrativa que uniformizó los gobiernos locales en todo el país, y con una legislación económica basada en el liberalismo económico: libertad de propiedad, de comercio, de producción y de trabajo. Los gremios fueron abolidos y la ley Le Chapelier (1791) impuso un libre mercado del trabajo pero prohibía las asociaciones de trabajadores. La liberalización de la economía provocó la hostilidad de las clases populares, tanto en el campo como en la ciudad.

A la vez se iban perfilando los distintos grupos políticos de los diputados en la Asamblea. Por una parte estaban los aristócratas conservadores o negros, defensores de las prerrogativas reales y del antiguo orden, que eran pocos y se sentaban a la derecha en la cámara. Por otra estaban los patriotas, que defendían la limitación del poder real, aunque existían diferencias entre ellos: la gran mayoría eran los monárquicos moderados o constitucionales, como La Fayette o Talleyrand, que eran nobles liberales, si bien la mayoría eran burgueses. Los patriotas más radicales, como Barnave y Robespierre, se sentaban a la izquierda. Eran miembros del famoso Club de los Jacobinos que se reunía en el convento de la calle Saint Honoré de París. Otro destacado fue el Club de los Cordeleros, dirigido por Danton. Al margen de estos grupos de la Asamblea se hallaban, el petit peuple o la canalla y los contrarrevolucionarios en el exilio.

La Asamblea Legislativa (1791—1792)